La democracia brasileña y Lula

A principios de este año un tribunal de apelaciones brasileño mantuvo la condena por corrupción en contra del expresidente Luiz Inácio Lula da Silva, en lo que representa un duro golpe para sus aspiraciones de regresar a ser presidente del país más grande de América Latina por tercera vez.  

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En jaque o casi, el expresidente brasileño está ante un futuro incierto. Inminencias y apuntes al margen por Julián Álvarez Sansone.

La decisión es una victoria para los fiscales en el que muy probablemente es el caso de más alto perfil en un enfrentamiento ya de años entre el sistema judicial brasileño y la élite política. Según los fiscales, Lula —quien enfrenta también acusaciones de corrupción en otros seis casos—  es una figura clave del corrupto sistema político de Brasil. 

Por decisión unánime, los tres jueces del tribunal de apelaciones votaron para ratificar la condena e incluso determinaron que ésta debe aumentarse, de casi diez años a doce años de prisión. Eso complica aún más las posibilidades de que el líder popular nacido en Pernambuco pueda postularse y deja una mayor incertidumbre sobre cómo será la pelea por remplazar al actual y poco legitimado presidente, Michel Temer. 

De acuerdo con la Ley de Ficha Limpia, aprobada en el 2010 ante el furor por los casos de corrupción política, el fallo implica que Lula no podría ser candidato para las elecciones presidenciales de octubre. Sin embargo, se prevé que siga luchando por su derecho a estar en la boleta. Ante esto, miles de brasileños salieron a la calle en defensa del líder popular. 

La imputación en su contra y la posible inhabilitación para luchar por la presidencia han puesto en duda la legitimidad de las elecciones de este año, en las que Lula aventajaba a sus contendientes de manera reiterada en las distintas encuestas. 

Una victoria electoral para Lula significaría un impresionante regreso al poder para él y el Partido de los Trabajadores (PT) dos años después de que la expresidenta Dilma Rousseff, ahijada política de Lula, fuera retirada del cargo en un juicio político inédito. A partir del impeachment, el exvicepresidente Michel Temer, del partido centroderechista Movimiento Democrático Brasileño, ascendió al cargo. 

El juez Sérgio Moro, la figura más reconocible en la cruzada anticorrupción del sistema judicial brasileño, condenó en julio a Lula por corrupción y lavado de dinero al considerar que aceptó sobornos de la constructora OAS por medio de obras de renovación de un departamento junto al mar. 

El juez Moro sentenció a Lula a nueve años y seis meses de prisión, pero estableció que podría permanecer en libertad en espera de las apelaciones. Aún así, estaría inhabilitado para ser candidato a presidente este año, siendo él quien encabeza las encuestas. El expresidente ha dicho que “el fallo es un atentado contra la justicia, orquestado por actores políticos encubiertos en el sistema judicial”. 

Quienes apoyan a Lula cuestionaron la confiabilidad y las motivaciones de los testigos que lo implicaron en el caso del apartamento, y argumentaron que sus declaraciones fueron realizadas como parte de un acuerdo de delación con la justicia; también han asegurado que el exmandatario nunca ha vivido ahí ni ha asumido la propiedad del inmueble. 

Además, señalan que políticos acusados de infracciones mucho más notorias (entre ellos, el hoy presidente Michel Temer, de quien hay grabaciones encubiertas de que avaló el pago de un soborno) no han sido imputados ni han rendido cuentas por ello (al menos todavía). 

Paradójicamente, el grupo de tres jueces que revisó la apelación de Lula incluye a dos juristas que fueron nombrados al cargo por Dilma Rousseff: João Pedro Gebran Neto y Leandro Paulsen. El tercero, Victor Laus, fue nombrado por el recordado expresidente Fernando Henrique Cardoso (1995-2003). 

Los analistas políticos y expertos legales en Brasil prevén que el tema terminará siendo resuelto por el Supremo Tribunal Federal.  Es importante mencionar que no se espera que Lula sea encarcelado mientras las apelaciones estén pendientes. Sus seguidores han advertido que encarcelar al expresidente, quien gobernó Brasil de 2003 a 2010, solo desataría una respuesta dura o caótica por parte de los integrantes del Partido de los Trabajadores. Se rumorea por las calles de Brasil que sus seguidores “sacarían al ex presidente de la cárcel por la fuerza”.  

Políticos experimentados y académicos brasileños han advertido de que prohibirle a Lula que sea candidato a la presidencia solo minaría la confianza del país en su joven democracia, que ha sido sacudida en los años recientes con la destitución de Rousseff, en 2016, y por las continuas revelaciones respecto al esquema de corrupción conocido como Lava Jato, que inició en 2014. 

Incluso el presidente Temer ha dicho que espera que se le permita a Lula ser candidato. “Creo que si Lula participa, sería democrático, ya la gente decidirá si lo quiere o no”, dijo el presidente en una entrevista con Folha de São Paulo  publicada el reciente domingo 21 de enero. “Si es derrotado políticamente es mejor a que sea derrotado” en los tribunales, lo que lo haría parecer una víctima, añadió Temer. 

Lula, quien se dio a conocer como líder sindical durante la dictadura brasileña de 1964-1985, dijo en una conferencia de prensa que este caso es apenas la más reciente persecución que ha enfrentado.“Creo que quienes hoy me acusan están más preocupados que yo, porque yo tengo la paz mental de los que son inocentes”, afirmó Lula. “Y deben de estar sintiendo la culpa que nace de la mentira”, añadió.

Cabe agregar, ante lo ya dicho, que la decisión del tribunal de Justicia  es un caso inédito, que no solo pone en jaque las aspiraciones electorales del ex Presidente Lula, sino que también pone en jaque la ya bastardeada y debilitada democracia brasileña. A partir del fallo, también, la sociedad brasileña se mantiene dividida en dos grupos: los que  creen que el fallo no es una persecución política, sino un caso contra un político acusado de cometer delitos graves; y los que interpretan al fallo como un caso de fraude electoral anticipado, perpetrado por la “derecha neoliberal” que quiere garantizar el retroceso de los gobiernos progresistas y populares.

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