La judicialización de la educación

Las competencias en relación con el derecho a la educación y las escuelas cerradas: el pedagogo Guillermo Ruiz entrega una reflexión sobre las políticas educativas actuales y sus desafíos.

Las escuelas cerradas como eje de debate. En exclusiva para CiudadSI el pedagogo Guillermo Ruiz analiza la garantía del derecho a la educación como necesidad básica en este contexto.

Hay diferentes maneras de presentar los hechos, y en algunas ocasiones ello puede generar confusiones, sobre todo cuando se intenta anular perspectivas diferentes a las propias, ya que ello no contribuye a identificar problemas y a realizar críticas o propuestas. En esta oportunidad, lo primero a destacar es que la educación como derecho posee un amplio reconocimiento constitucional. Lo segundo es que, al igual que otros países, la Argentina constituye un ejemplo de un modelo federal denominado, según Alfred Stepan, come together, el que supone un arreglo por el cual las unidades previamente soberanas hacen un pacto, y ceden su soberanía a una unidad estatal superior, pero se reservan competencias para sí. Por ello se interpreta que los poderes de las provincias son originarios mientras que los del Estado nacional son poderes delegados. 

En la redacción original de 1853, en el artículo 5º de la Constitución existía un control centralista de las Constituciones provinciales (por parte del Congreso nacional), pero ello desapareció con la reforma de 1860 y se mantuvo desde entonces que, entre las competencias exclusivas, que las jurisdicciones provinciales se reservan, se encuentra la educación primaria, lo cual ha sido ratificado en la reforma de 1994 con la incorporación del artículo 125. Sobre la base del principio que sienta el artículo 121, el artículo 5º establece que las provincias son responsables de la educación primaria en sus territorios y en el artículo 75 se dispone que el Congreso Nacional debe “sancionar leyes de organización y de base del sistema educativo”. Una interpretación armónica de estas normas permite abrir camino para el desarrollo de políticas de concertación entre el Estado federal y las provincias en la materia educativa, como una competencia concurrente entre ambos niveles de gobierno.

Por su parte, la propia Corte Suprema de Justicia de la Nación ha insistido en la necesidad y conveniencia de reforzar un federalismo de concertación en la Argentina. Ello supondría, en términos de la Corte, una herramienta fundamental para garantizar un federalismo que permita una interacción articulada, cooperativa, así como el correcto funcionamiento de los consejos de composición federal -en los que participan ambos niveles de gobierno- para la solución de los conflictos o problemas inter-jurisdiccionales. 

El 14 de abril esto último se desvirtuó a lo largo de la jornada. Durante la mañana dos ministros nacionales (de educación y de salud) indicaban en sendas declaraciones públicas que la presencialidad se mantendría en las escuelas, lo cual a su vez había sido acordado en el seno del Consejo Federal de Educación. Sin embargo, por la tarde de aquella jornada se dispuso lo contrario a través de un decreto de necesidad y urgencia, que aparecía como una sorpresa para los propios ministros nacionales, así como también para los gobiernos provinciales. Se justificaba dicha decisión por el aumento de la circulación del virus del Covid19. 

Ante esta decisión del Poder Ejecutivo Nacional, el 16 de abril el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires inició una acción ante la Corte Suprema de Justicia a fin de obtener la inconstitucionalidad del decreto de necesidad y urgencia, que suspendía las clases presenciales en su territorio. Algo que, según se esgrimía en la presentación de la jurisdicción, no se basaba en pruebas que lo justificaran, y además porque el Congreso Nacional -que constituye el ámbito para la toma de estas medidas- se encontraba en pleno funcionamiento. 

El día 4 de mayo se conoció el fallo de la Corte Suprema de Justifica de la Nación, que fue suscripto por cuatro de sus miembros (entre los cuales se encuentran dos convencionales de la Asamblea Constituyente de 1994). En este pronunciamiento se declaró la inconstitucionalidad de decreto de necesidad y urgencia dictado el 14 de abril, y se sostuvo que esta decisión debería servir de orientación, como criterio jurídico (pero no sanitario), para la implementación de medidas que refieran al derecho a la educación en el marco de la distribución de competencias entre el Estado federal y los Estados provinciales. El fallo posee una clara argumentación derivada del propio texto constitucional que indica -entre otras- las siguientes consideraciones: 1) que en el artículo 2º del decreto se establecía que las provincias podían decidir sobre la continuidad o la suspensión de sus clases, pero no así el Gobierno de la Ciudad; esto cercena el principio de igualdad al evidenciar una discriminación arbitraria entre las jurisdicciones provinciales; 2) que la mención a una región metropolitana no constituye un área susceptible de adopción de políticas específicas por parte del Estado nacional ya que no se ajusta lo dispuesto por la Constitución nacional, independientemente del movimiento poblacional que se produce entre las distintas jurisdicciones; 3) que al igual que a las provincias, le corresponde al Gobierno de la Ciudad tomar decisiones sobre los modos de promover y asegurar la educación a sus habitantes, por lo que el decreto de necesidad y urgencia lesiona la autonomía de esta jurisdicción.

Así, según el fallo, el gobierno federal se ha arrogado potestades locales por lo que el Gobierno de la Ciudad cuenta con legitimación para defender sus atribuciones constitucionales. En una de sus definiciones más claras, el fallo destaca que la emergencia no crea poderes nuevos. Más aún, los poderes de la propia emergencia surgen de la Constitución, la cual los delimita. Ello es muy importante ya que lo que se ha judicializado es la competencia para la prestación del servicio educativo, que hace referencia a las posibilidades de ejercer uno de los derechos humanos fundamentales, y su regulación requiere de ese federalismo de concertación antes mencionado.

En Argentina las escuelas se mantuvieron cerradas la mayor parte del año 2020, y parece que no se comprende que esa medida tiene efectos inconmensurables. Desde el inicio de la pandemia ha habido diversas carencias en las definiciones de las autoridades educativas: faltan precisiones sobre el acondicionando de los edificios escolares; ausencia de una programación de retorno gradual y diverso a la educación presencial; no se contempló el impacto que el retorno tiene en la formación docente continúa. No obstante, la principal carencia que se advierte en las definiciones de las autoridades es cómo resolver las secuelas en la formación que ha dejado la decisión de tener una escolarización presencial interrumpida durante tantos meses.

Como dijo Juan Bautista Alberdi, la Constitución es una carta de navegación necesaria tanto durante los tiempos de calma como los de tormenta, y es en estos últimos cuando más los gobernantes deben aferrarse a la Constitución. El fallo precisamente destaca que el bloque de constitucionalidad establece un derecho humano a la educación que debe ser satisfecho en la mayor medida posible porque ella define las oportunidades del desarrollo de las personas. Desde muchos ámbitos se ha reclamado una planificación integral por parte del Ministerio de Educación nacional, a largo plazo, y con acciones graduales e intermitentes, acordadas en el Consejo Federal de Educación, que no surjan de la improvisación, tal como se evidenció en la jornada del 14 de abril pasado, que dio lugar a este conflicto judicializado.

La Corte Suprema ya se expresó: la tutela de los derechos fundamentales debe ser efectiva y la limitación de ellos solo puede ser excepcional. Como se dijo al inicio, hay muchas maneras de presentar los hechos. En este tipo de conflictos, la finalidad judicial es la de preservar la paz social, algo que se explicita en el propio pronunciamiento de la Corte Suprema. Son improcedentes por tanto las reacciones ante una decisión judicial que, por ser contraria a uno de los poderes del Estado, es cuestionada en su legitimidad. No se trata de una guerra entre poderes sino de un conflicto relativo a la distribución de competencias en relación con el derecho a la educación y su prestación. En virtud de ello, la Corte ratificó el principio constitucional por el cual las decisiones en esta materia deben contar con la participación de las partes involucradas. La política educativa presenta muchas carencias y su falta de planificación agudizará problemas sustantivos en la población en el largo plazo. La respuesta de la Corte Suprema debería invitar a fortalecer la búsqueda de acuerdos y propósitos formativos consensuados, los cuales en algún momento orientaron el desarrollo educativo.

Sobre Guillermo Ruiz

Guillermo es Doctor de la Universidad de Buenos Aires en el Área de Educación, forma parte delPrograma de Posdoctorado en Ciencias Humanas y Sociales de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires. Es Master of Arts in Education, Licenciado en Ciencias de la Educación y Profesor de Enseñanza Media y Superior en Ciencias de la Educación.

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